La
grave crisis por la que atraviesa la industria del biodiésel en
España dura ya varios años. En realidad, se podría decir que nunca
ha disfrutado de una época dorada. Se trata de una industria
relativamente joven, ya que la mayoría de las poco más de 50
plantas que existen actualmente en España comenzaron a funcionar
hace menos de una década.
Sin
embargo, ni la directiva europea de promoción de los biocarburantes
de 2003, ni la obligación de consumo de este tipo de combustibles
-que en el caso del biodiésel ha bajado del 7 al 4,1 por ciento
desde febrero-, ni la exención fiscal del Impuesto sobre
Hidrocarburos -que expiró el 31 de diciembre de 2012-, han
conseguido levantar el vuelo de un sector que ha sufrido varios
reveses a lo largo de estos años.
Hablamos
de las importaciones desleales de biodiésel procedentes de Estados
Unidos primero, y de Argentina e Indonesia después que, durante
varios años, han copado el mercado español, lo que ha provocado
importantes descensos en la producción y ha puesto en una difícil
situación a muchas de estas empresas, algunas de las cuales se
encuentran en concurso de acreedores y procesos de regulación de
empleo.
El
caso de Estados Unidos comenzó en el año 2007, cuando las
importaciones de biodiésel subvencionado procedentes de este país
se hicieron con el 50 por ciento del mercado español. En el primer
semestre de 2008 coparon más del 60 por ciento, un porcentaje que se
incrementó meses después, hasta que en marzo de 2009, la Comisión
Europea aprueba la obligación de pagar derechos antidumping y
antisubvención (aranceles) a las empresas estadounidenses que
exporten biodiésel a Europa debido al perjuicio tan importante
sufrido por la industria europea, especialmente la española.
La
medida fue bien acogida por el sector; sin embargo, la ausencia de un
marco estructural de defensa de la industria nacional contra la
competencia desleal, reiteradamente reclamado por el sector,
vaticinaba que España podría convertirse en destino preferente de
otros países, como así ha ocurrido poco después con Argentina e
Indonesia.
De
acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), las importaciones desleales de biodiésel procedentes
de estos dos países coparon el 76 por ciento del mercado español en
2012, lo que conllevó a un descenso de su producción de un 31 por
ciento respecto a 2011, situándose por debajo de las 500.000
toneladas.
Se
trata de una práctica por la que estos países aplican un sistema de
tasas diferenciales a la exportación (TDE) mediante las que gravan
en menor medida el biodiésel que las materias primas utilizadas para
su fabricación, lo les otorga una ventaja competitiva artificial que
distorsiona el comercio internacional y que ha llevado a la parálisis
absoluta a más del 80 por ciento de las plantas de biodiésel en
España.
La
Unión Europea, al igual que sucedió con Estados Unidos, y después
de la investigación pertinente, ha impuesto, desde el pasado 27 de
noviembre, unos aranceles antidumping definitivos a la entrada de
biodiésel argentino e indonesio que oscilan entre los 216 euros y
los 245 euros por tonelada en el caso de Argentina y entre 76 euros y
178 euros por tonelada para las importaciones procedentes de
Indonesia.
?A
pesar de las medidas, el daño de estas prácticas comerciales
ilegales ya está hecho y, además, no se trata de una solución para
toda la vida?, explica Manuel Bustos, director de Appa
Biocarburantes. ?Los derechos antidumping de EEUU acaban a mediados
del año que viene y, además, estamos empezando a observar que hay
países como Malasia y Brasil que quieren ocupar el lugar de
Argentina e Indonesia?.
Cantidades
asignadas para la producción
Una de
las peticiones más demandadas por el sector es la asignación de las
cantidades de producción de biodiésel por parte de la
Administración, un proceso que acumula retrasos, pero que consideran
imprescindible para ?la supervivencia de un sector industrial ya muy
castigado por la inacción e inseguridad regulatoria?, afirman desde
la sección de Biocarburantes de Appa.
Transcurridos
nueve meses desde la convocatoria del procedimiento, el Ministerio no
ha aprobado aún la resolución de asignación definitiva, pese a que
la Orden reguladora del procedimiento le obligaba a hacerlo antes del
8 de agosto del presente año, fecha en la que salió la propuesta de
resolución provisional que apuntaba que el cómputo de la asignación
se iniciaría el 1 de enero de 2014.
Manuel
Bustos, en nombre de la Asociación, exige que ?se respete la fecha
del 1 de enero, ya que cuando el Ministerio indicó que se iba a
poner en marcha a principios de 2014 las plantas empezaron a
prepararse.
Algunas,
que estaban en un ERE temporal lo han suspendido, han vuelto a
contratar y a hacer aprovisionamientos de materia prima para empezar
a principios del año que viene, lo que les ha supuesto un gran
esfuerzo?
Lo
último que ha visto la luz, con su publicación el pasado 6 de
noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es la Resolución
con la propuesta de lista definitiva de las plantas y la cantidad de
toneladas de biodiésel que podrán producir para el cómputo del
cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes.
De las
107 solicitudes que se presentaron en febrero pasado, sólo 42 han
sido admitidas, de las cuales 27 corresponden a empresas españolas,
que suman 3,2 millones de toneladas, y 15 a empresas europeas
procedentes de Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Letonia y
Países Bajos, con 2,3 millones de toneladas asignadas, lo que suman,
en total, el máximo de 5,5 millones de toneladas anuales propuesto
por un periodo de dos años, prorrogable por dos años más.
Por
otra parte, hay 30 plantas que han sido desestimadas por diversos
motivos y un total de 35 que, aun habiendo aportado toda la
información requerida, se han quedado sin asignación, entre las que
se encuentran tres plantas argentinas y dos indias que, según el
Ministerio, no cumplían con los requisitos exigidos.
Pero
también hay un dato a tener en cuenta y es, que de las cincuenta
plantas de biodiésel que hay en España, un total de 10, que suman
500.000 toneladas, ni siquiera presentaron solicitud de asignación
en febrero pasado, lo que es un claro indicativo de los problemas por
los que atraviesa el sector.
Otras
12 plantas españolas -que suman 800.000 toneladas-, sí presentaron
la solicitud, pero no han sido admitidas porque algunas de ellas
estaban en concurso y tenían deudas con la Seguridad Social o
Hacienda, hechos que no les han permitido seguir adelante.
Por
tanto, casi la mitad de las plantas ?se van a quedar fuera de juego
cuando finalice el proceso de asignación ya que el biodiésel que
produzcan no se va a poder computar para el cumplimiento de la
obligación en España y siendo éste su mercado natural, van a
quedar en estado muy precario. La asignación no te impide producir y
vender en España o fuera del país, lo que sí te impide es que lo
que vendas compute para el cumplimiento de la obligación?, explica
Bustos.
Los 5
millones de toneladas asignadas va a provocar que exista una enorme
competencia entre las empresas que, finalmente, queden dentro del
proceso de asignación, ya que la demanda será menor que la
capacidad productiva. Apunto de finalizar el año, ?creemos que no
superaremos las 600.000 toneladas y, para 2014, podríamos estar
hablando de una cifra cercana a las 900.000?, vaticina el director de
Appa Biocarburantes.
Fuente: El País
